La reivindicación de los Derechos de los pueblos Indígenas y en el caso especifico las comunidades caucanas ha sido un tema abordado desde 1991 en la Constitución Política de Colombia; desde entonces, la misma ha mantenido una lucha sin cuartel, que tiene por un lado, carácter de loable en cuanto a mantener su identidad desde lo ancestral, ahora reforzados con la aplicación del bloque de constitucionalidad; y otra de resistencia para pervivir con dignidad frente a los ataques inmisericordes de los grupos al margen de la ley (paramilitares, guerrillas, narcotraficantes, BACRIM, delincuencia común, entre otros) y del mismo Estado manifestado en sus acciones u omisiones.
En este devenir, surge el cuestionamiento sobre la posible responsabilidad del Estado frente a la vulneración de garantías, teniendo como base que la población indígena del Cauca “representa un 20% de su población” que actualmente se encuentran a merced de los avatares de la violencia